Del 22 al 23 de junio se celebró en Guatemala la Conferencia Internacional para la Seguridad en Centro América. Ha sido la primera cumbre de este género en nuestro hemisferio, con carácter mundial, por todos los países y organismos internacionales que participaron.
No voy a referirme a los objetivos políticos y económicos de la misma porque son suficientemente conocidos, como muy necesarios y urgentes. Quiero, en cambio, hablar de la gravedad de nuestra situación, también conocida por todos, debido a la agresión continua del narcotráfico y del crimen organizado, que deja como resultado miles de muertos, especialmente en México y en Centroamérica. Pero más específicamente quiero referirme a las causas de esas muertes, especialmente de jóvenes entre los 18 y 25 años, que yo llamo el holocausto de la droga, por la semejanza, aunque todavía no por su magnitud, con el holocausto judío durante el nazismo.
Se ha afirmado justamente que mientras haya demanda de la droga habrá una oferta solícita, pronta, abundante, indiscriminada, inescrupulosa, que pasa por el corredor centroamericano y llega a Estados Unidos y Europa, movida por esa “gran empresa” de la droga, que tiene todos los medios, el capital, la logística, las telecomunicaciones, los equipos de transporte, el asesoramiento legal, la infraestructura, las armas y demás para hacerla llegar a su destino.
Esos son los hechos, esa es la realidad. A eso se añade que, debido a ese flagelo de la cocaína y el tráfico de armas, Colombia, México, Centroamérica y otros países de la región, tienen que invertir en seguridad aquello que podría servir para la salud y la educación, causando un freno ingrato para nuestro desarrollo.
Pero, ¿cuál es la causa de ese holocausto? Lógicamente la causa está en los países que consumen la droga y venden las armas para los narcotraficantes y el crimen organizado.
No es que yo esté en contra de la gente y de los ciudadanos de Estados Unidos y de Europa, ni que quiera señalarlos, ni tampoco reclamarles como personas o grupos particulares. Lo que quiero subrayar, como lo hicieron varios presidentes que hablaron en esa Conferencia, es que los gobiernos de esas naciones son los responsables de este holocausto, porque saben que se está dando y lo permiten, y no toman las medidas políticas, legales y técnicas para detenerlo.
Por tanto, esos mismos países y sus gobiernos tienen la obligación moral de detener el holocausto, no por caridad, ni por solidaridad, sino en justicia y por un deber moral. Y lo deben hacer en dos frentes: uno, dentro de su propio país, con una legislación al respecto, que disminuya el consumo y controle la venta de armas; y dos, con una colaboración responsable en aspectos políticos, económicos y tecnológicos con los gobiernos y países que sufrimos esta calamidad.
Pero hay que decir igualmente que nuestros gobiernos centroamericanos y todos los responsables del bien común de nuestras naciones - es decir, todas las instituciones- tienen la obligación constitucional y moral de velar por la seguridad de nuestros pueblos, poniendo en marcha una legislación efectiva contra el narcotráfico y el crimen organizado, con una administración más transparente, con el fortalecimiento institucional y con una diligencia extremada en cuanto a prevención y educación, para que ya no suframos el holocausto de nuestros jóvenes, que son las mayores víctimas de este flagelo.