Caracas, abril 2017.- Venezuela está viviendo en estos momentos una situación política y por ende social, muy difícil de los últimos tiempos. El mismo Papa Francisco manifestó hace poco tiempo, refiriéndose a Venezuela: “Rezo por aquellos pueblos, muy queridos por mí, e invito a todos a perseverar, sin descanso, evitando toda violencia, en la búsqueda de soluciones políticas”.

El 19 de abril, en el contexto de esta gran marcha pacífica con “el objetivo de llegar a la sede de la Defensoría del Pueblo para entregar un documento denunciando el golpe de Estado propiciado por el Gobierno de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional”, murieron dos exalumnos salesianos.

Carlos José Moreno Barón, de 17 años de edad, no pudo llegar a su destino, que no era precisamente la Defensoría del Pueblo porque no estaba en la protesta. Se dirigía a un campo de fútbol en Chuao.

Serían las diez y cuarto de la mañana cuando vio truncados sus planes en las adyacencias de la Plaza la Estrella de San Bernardino. Un grupo de motorizados vinculados a los colectivos oficialistas abrieron fuego contra los opositores. Los médicos hicieron los esfuerzos necesarios, pero un disparo en la cabeza lo convirtió en la primera víctima del día. Carlos Moreno pertenecía al movimiento juvenil salesiano y era ex alumno del Colegio San Francisco de Sales, en Sarría.

Durante esta jornada de protestas, en San Cristóbal (Táchira), un grupos de motorizados, presuntamente vinculados a los colectivos del lugar, dispararon contra Paola Ramírez Gómez, de 23 años de edad, cuando regresaba de una entrevista de trabajo y pasaba frente a la Plaza San Carlos de esta ciudad. Es decir, tampoco estaba participando de las protestas.

Ramírez Gómez también era ex alumna salesiana ya que se formó en el colegio de Táriba. Su muerte fue instantánea, según se evidenció en la cámara de seguridad de un edificio cercano al sitio donde cayó abatida con un disparo hecho por “los colectivos”, grupos armados pro gobiernistas.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz, dio muestras de independencia del Gobierno al que se le vincula desde siempre, pidiendo esta vez a los cuerpos seguridad garantizar la libre manifestación. “Hago un llamado a los actores políticos convocantes de las movilizaciones. Es un derecho constitucional convocar manifestaciones pacíficas y estas no deben poner en riesgo la integridad física de los manifestantes”, dijo en un comunicado.