Los 29 principios de Yogyiakarta (Indonesia 2007), son un manual detallado para la aplicación de la ideología de género en todo el mundo. Son un conjunto de instrucciones concretas para los activistas LGTBI.
Los principios fueron redactados por un grupo de ‘expertos’ sin ningún tipo de legitimidad y exigen que los países tomen medidas totalitarias para cambiar sus constituciones, leyes, instituciones sociales y sistemas educativos para privilegiar todas las identidades sexuales no heterosexuales.
Entienden que la ‘orientación sexual’ se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.
Esta definición no excluye ningún tipo de preferencia sexual o actividad, ni siquiera la pedofilia, incesto o poligamia. Todos los criterios morales de quienes, por el contrario, tratan responsablemente la sexualidad son calificados de ‘discriminación’.
La distinción moral entre lo correcto y lo incorrecto se debe prohibir en lo referente a la sexualidad. Ya no se permite que las personas prediquen o enseñen que la finalidad de la sexualidad es el vínculo de amor entre un hombre y una mujer, y la procreación de los hijos.
Para ellos, el género de cada uno es una cuestión de sentimientos puramente subjetivo.
Pero los sentimientos y emociones son inestables. La biología, la medicina, la investigación sobre el cerebro, y otras ciencias realizan afirmaciones precisas sobre las características diferentes de hombre y mujer. Pero para los activistas LGTBI solo se trata de roles estereotipados y pretenden borrar en todo el mundo lo que para ellos solo son prejuicios.
Afirman que no solo hay dos géneros (hombre y mujer), sino hombre gay, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales. En realidad se contradicen cuando por un lado afirman que el género de una persona debe ser flexible y cambiante, pero por otro lado se supone que toda orientación no heterosexual es una identidad inmutable, sin posibilidad de ‘conversión’.
Los Estados deben adoptar todas las medidas legislativas y administrativas que sean necesarias para respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la identidad de género que ella defina para sí. Debe haber procedimientos mediante los cuales todos los documentos de identidad emitidos por el Estado que indican el género de una persona reflejen la identidad que la persona define para ella misma.
Digamos que, por ejemplo, a un padre casado y con hijos, le invade el sentimiento de que su identidad real es la de mujer. Supongamos que elimina la información de género en su certificado de nacimiento, documento de identidad, carnet de conducir, etc., y desde entonces lleva ropa de mujer. Según los principios de Yogyakarta, su esposa sería culpable de ‘discriminación’ si ella declara este motivo para divorciarse.
Es sorprendente que ‘expertos’ puedan hacer tales reivindicaciones, sin darse cuenta de lo ridículas que son. Pero aún más sorprendente es que organizaciones internacionales, gobiernos y partidos políticos hayan hecho propios los objetivos de estas reducidísimas minorías.
El criterio para la familia aplicado en todas las culturas desde tiempos inmemoriales (o sea, el matrimonio entre un hombre y una mujer que engendra descendencia biológica), ha sido abolido. A cualquier unión de personas de cualquier género debe llamarse ‘familia’ y el Estado debe reconocerla, protegerla y dotarla de servicios sociales. Esto está en contraste con el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948.
Pero esa Declaración de 1948 parece que ha dejado de estar vigente.
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